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paradojas del discurso k
Cristina quiere blanquear, pero el propio Estado contrata trabajadores en negro
Bajo la figura de los "convenios de asistencia técnica", unos 300 trabajadores de los ministerios de Planificación y Economía están regidos por los denominados "contratos basura". Tienen un sueldo mínimo y deben costearse la ART, la jubilación y la obra social. La aparente "pasantía" esconde una virtual relación de dependencia. PERFIL conversó con seis empleados que reconocieron estar en esta situación irregular.
Por Sebastian Iñurrieta / Rodrigo Alegre
Contrato. Aunque llevan el membrete de la UTN, varios de los empleados que lo firman nunca estudiaron en esa universidad.
El martes pasado, en la UIA, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó el plan oficial para enfrentar la crisis financiera global. "Vamos a enviar en el mismo proyecto un instrumento que permita poner de negro a blanco a los trabajadores en la República Argentina", anunció la mandataria. Quienes escucharon con atención ese párrafo del discurso presidencial fueron los al menos 300 empleados del Ministerio de Economía que, con la excusa de una pasantía encubierta en un "contrato de locación de servicios", firmaron un "contrato basura", que desde la CTA no dudan en calificar como "trabajo en negro".
"Yo trabajaba en el Ministerio de Economía, pero iba todos los meses a Avellaneda, a la sede de la UTN (Universidad Tecnológica Nacional), a cobrar el cheque", cuenta Juan. El caso de este ex empleado del organismo, que no quiso dar su nombre real, es uno de los seis relevados por PERFIL que demuestran que detrás del ímpetu del Gobierno por blanquear a los trabajadores se esconde una trama de contrataciones irregulares en el propio ámbito estatal.
En el Ministerio de Economía, comandado por Carlos Fernández, PERFIL relevó cinco casos entre empleados y ex empleados que firmaron un contrato, sobre la base de un convenio con una facultad de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que presenta graves irregularidades. Con un sueldo mensual de $ 1.600 por mes, $ 400 más que el salario vital y móvil, los aportes jubilatorios, de ART y de obra social corren a cargo de los "pasantes".
"Tampoco nos pagan horas extras, ni por asistencia, ni siquiera por hijo", contó "María", una empleada que jura que sólo le dieron un día libre cuando se casó. "Si quería irme de luna de miel tenía que descontar los días de mis vacaciones", agregó.
Quienes prestaron su testimonio a PERFIL son universitarios. A excepción de uno de ellos, ninguno cursó en la UTN. "Yo sí fui alumno, pero cuando comenzó la pasantía ya no lo era. Igual nunca en el Ministerio me preguntaron si tenía algo que ver con la UTN", relató "Adrián", otro joven que trabajó en una dependencia de Planificación. En los convenios, las unidades académicas se comprometen a aportar alumnos y graduados. Estas contrataciones bajo convenio esconden una virtual relación de dependencia. "Yo entré con un convenio con la UBA, después me pasaron a la UTN de Avellaneda, y ahora estoy en la de Venado Tuerto", contó "Natalia", que ingresó hace cuatro años al Ministerio de Economía y pasó por varios "convenios de asistencia técnica", como se los conocen formalmente.
"Son contratos no registrados, contratos basura y contratos ilegales porque no son regidos por la ley de empleo público. Es trabajo en negro", explicó Horacio Meguira, asesor legal de la CTA. El abogado agregó: "Estos contratos crecieron con furor en los 90, durante el proyecto privatizador" .
Ante la consulta de PERFIL, desde la facultad de Avellaneda sólo contestaron que el convenio finalizó el año pasado. "No detectamos ninguna irregularidad" , señaló el decano de Venado Tuerto, Hugo Quaglia, sin querer brindar más información.
Desde el Ministerio de Salud confirmaron a este diario que hasta el mes pasado había 47 personas trabajando bajo esta normativa. "Los dimos de baja porque los contratos eran irregulares" , confesó un vocero del organismo.
Según los "pasantes", habría al menos 300 empleados en el Ministerio de Economía en esta situación. No hay datos oficiales al respecto y desde la Oficina de Recursos Humanos, a través del departamento de prensa, no brindaron ninguna declaración al requerimiento de PERFIL. Sorprende el Anexo II de los contratos, en el cual se declara "bajo juramento entender que el Ministerio de Economía no es contratante en forma directa o indirecta".
Ahora corre el rumor de que se realizará una consulta anónima para evaluar el futuro del convenio. "El ciento por ciento lo va a desaprobar", adelantó "Natalia", como si quedaran dudas.
Ni los inspectores están en regla
La precariedad laboral y los "contratos basura" no son nuevos en el Estado. Se remontan al primer ciclo de Domingo Cavallo al frente de la economía argentina. El pasado 12 de junio, las críticas a este sistema trascendieron las paredes de los organismos y ganaron la calle. Aquel día, bautizado como "jueves negro", integrantes de la ATE del Ministerio de Trabajo realizaron un paro activo con cortes de calle, papelazos y una suelta de globos.
Frente a la sede nacional de la cartera laboral, comandada por Carlos Tomada, se denunciaron irregularidades en el área que precisamente debe combatirlas. "La situación laboral de la mayor parte de sus trabajadores es irregular; alrededor de dos tercios (de los 3.500) son contratados, entre ellos muchos de los inspectores que controlan el fraude laboral", denunció la entidad que nuclea a los empleados estatales.