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Usan universidades para hacer negocios y ocultar contratos
El PAMI firmó un convenio de $ 14 millones con la UTN, para un trabajo que se tercerizó en una empresa privada. La Ciudad y municipios hicieron lo mismo para poner cámaras de seguridad. El Gobierno nacional y el porteño firman acuerdos para pagar a asesores. Todo, para evitar controles.
PorGerardo Young
Universidades, gasto público, investigación El prestigio de las universidades públicas no se discute, pero sí se usa. Los estudiantes para proyectar un futuro, los docentes para devolverle al país algo de lo mucho adquirido. Las posibilidades son tantas como el orgullo de pertenecer o haber pertenecido. Pero ese mismo prestigio le sirve, a algunos, para hacer negocios sin control y ocultar contrataciones dentro del Estado.
La compra de un millonario sistema informático para el PAMI, la contratación del servicio de cámaras de video en la Capital o en el conurbano, son algunas de las contrataciones públicas que se escondieron en distintas facultades de la Universidad Tecnológica Nacional. Ni hablar de los ¿cientos o miles? –nadie sabe– de empleados que el Gobierno nacional y el porteño incorporaron gracias a convenios de “asistencia técnica” de la Universidad de Buenos Aires, las de La Matanza, Tres de Febrero, San Martín, y más.
Esta investigación pudo haber sido infinita, pero será apenas un botón de muestra. Casos sueltos, a modo de ejemplo, de un sistema que se empezó a ejercitar tras la crisis del 2002 y que hoy ya es una forma aceitada pero increíblemente oculta de usar fondos públicos con mínimos controles.
Un caso notable, pero desconocido hasta hoy, es el del convenio entre el PAMI y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que se firmó en 2005. Empezó a ejecutarse un año después y estuvo vigente hasta diciembre del año pasado. En 24 cuotas, entre 2006 y fines de 2009, la obra social de los jubilados le fue pagando a la UTN (sólo en teoría) 580 mil pesos, totalizando un saldo final de 14 millones de pesos. ¿A cambio de qué? De la elaboración de un sistema informático original (un web server side) que sirviera a los médicos contratados por el PAMI para intercambiar información sobre pacientes y almacenar antecedentes clínicos.
La legislación sobre las compras públicas está regulada por la Ley nacional de Contrataciones y exige la natural competencia de oferentes. Pero hay excepciones. Una de ellas, es la que permite firmar convenios entre organismos públicos, como las Universidades públicas, ya que, si bien autónomas, son parte del Estado y no persiguen el lucro.
El convenio entre el PAMI y la UTN era bueno y se logró a tiempo. Pero escondía un secreto millonario. Clarín accedió a la documentación que demuestra que, en realidad, la UTN no hizo más que de intermediaria en ese contrato. El sistema informático del PAMI lo hizo la empresa KRON, en una primera etapa subcontratada junto a otras dos firmas (Sols y WMS) y finalmente como dueña de todo el negocio. Esto fue denunciado ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas por uno de los empresarios que se quedó sin el trabajo a mitad de camino. ¿La voz de alguien resentido por haber perdido el negocio? Es posible. Pero adjuntó hasta los pagos que les hacía la UTN a los empresarios, quedando expuesta la tercerización. La UTN no aportó nada.
¿Por qué se recorrió ese camino? Simple. De haber querido encargar el trabajo a una empresa privada, el PAMI debería haber llamado a una licitación pública, lo que supone darle publicidad a la convocatoria, un cotejo cierto de ofertas según calidad y precio, además de la transparencia de todo el proceso. Con el convenio con la UTN, todos esos pasos se sortearon.
Ante la consulta de este diario, en el PAMI argumentaron que firmaron un acuerdo con la UTN muy beneficioso. Es decir, que lo que haya hecho la UTN “es problema de la UTN”. ¿Qué dicen en la Universidad? Clarín consultó a Javier Onan, secretario de extensión universitaria de la Regional Buenos Aires de la universidad. “Eso fue la gestión anterior”, dijo, y explicó que ahora era un tema de la auditoría. Y es cierto. La actual gestión asumió a fines de 2009. ¿Se investigará lo hecho antes?
No es ese el único convenio que firmó la UTN con el Estado. En realidad, tienen decenas, muchos seguramente valiosos. Se trata de la cuarta universidad pública en dimensión y una de las más prestigiosas. Gracias, además, a una inteligente política de extensión universitaria, consiguen becas de empresas y programas de asistencia para privados y el sector público. Hoy, por ejemplo, le dan cursos a los choferes del gremio de los camioneros (acordaron con Hugo Moyano). También asesoran a la Corte Suprema en el planeamiento de su sistema informático, y al Consejo de la Magistratura.
Antes, en diciembre de 2005, durante el gobierno porteño de Jorge Telerman, la UTN había firmado un acuerdo para monitorear el sistema de cámaras de vigilancia pública. Ese acuerdo le sirvió al Gobierno de la Ciudad para sortear las licitaciones públicas, ya que quien hizo el trabajo y vendió las cámaras de vigilancia fue otra empresa privada: Codesur, de Mario Montoto. En la UTN, al principio, aportaban a los técnicos que hacían el monitoreo. Pero Onan confirma que ya no lo hacen. ¿Entonces se cayó el convenio? Según fuentes de la Ciudad, ya le dieron de baja (recién hace dos meses) y corrigieron la medida con una licitación pública. La empresa ganadora, que instalará otras 1.000 cámaras, es Global View, una sociedad que integran Montoto –el mismo que se había beneficiado con el convenio– y el empresario periodístico Daniel Hadad.
Pero hay más: según la denuncia que se investiga en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la Ciudad también contrató a la UTN para que le diera el soporte para el sistema de infracciones fotográficas, y la UTN subcontrató a su vez a una empresa, Sols Technologies. Los 74 mil pesos por mes que cuesta el servicio son pagados por la Ciudad a la UTN, pero en realidad terminarían en los bolsillos de Sols, sin haber hecho una licitación previa.
El negocio de las cámaras de vigilancia se inició en 2005 bajo la inspiración de Montoto, y rápidamente impactó en distintas ciudades y municipios. En Tigre, por ejemplo, aún funciona un gran tendido de cámaras en la vía pública instalado tras un acuerdo entre el municipio y la regional Pacheco de la UTN. En esta universidad, cada regional se maneja con autonomía. Pero el esquema fue calcado al porteño: la UTN sirvió de puente para que Global View pusiera las cámaras y la infraestructura, en un negocio que ronda los 100 mil pesos por mes, sólo en Tigre.
Lejos de ser excepcional, el sistema está extendido. Otra área que lo aprovecha y mucho es la del empleo público. Con la crisis del 2002, la gestión de Eduardo Duhalde limitó la incorporación de empleados públicos y prohibió los sueldos altos. Esa medida, aplaudida por la sociedad del “que se vayan todos”, generó dolores de cabeza a los gobernantes del día después de la crisis. Cuenta una ex funcionaria de Néstor Kirchner: “La verdad es que se hacía imposible incorporar gente. Porque como medida excepcional los tenía que aprobar la jefatura de Gabinete. Por eso usamos los convenios”.
Muchos asesores y empleados de mediano cargo están hoy en el Estado gracias a los convenios. Por ejemplo, buena parte de los asesores técnicos, de prensa o voceros de los Ministerios de Planificación y Economía, además de gran parte de los empleados del INADI. En realidad, esos empleados no cobran el sueldo de sus ministerios y ni siquiera figuran como empleados en las planillas. Reciben su salario directamente de las Universidades, a las que el Tesoro Nacional les gira los fondos en el marco de los convenios. Las universidades se quedan con un 10% del convenio en calidad de administradoras.
Un ejemplo: la Auditoría General de la Nación, que hace años que no audita a las universidades, en 2009 revisó las cuentas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA entre junio de 2006 y marzo de 2007. Los auditores llamaron la atención sobre un convenio firmado entre la UBA y la Comisión Nacional de Comunicaciones, según el cual la Universidad y la Comisión iban a coordinar fuerzas para elaborar políticas públicas. Pero cuando los auditores quisieron saber quiénes eran las personas que se ocupaban de eso, detectaron que no trabajaban en la Comisión de Comunicaciones, sino que estaban repartidos en otras oficinas. Dice la auditoría: “En las certificaciones de servicios suministradas, se comprobó que algunos Asistentes Técnicos prestan servicios en otros Organismos Públicos, por ejemplo la Cámara de Diputados, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Planificación Federal, la Secretaría de Comunicaciones, etcétera, no surgiendo de las actuaciones analizadas el motivo de tal proceder”.
No sólo los hace el Gobierno nacional. Lo mismo ocurre en la Ciudad, que mantiene cerrada la contratación de personal de planta. ¿Un caso? El de Ciro James, responsable de las escuchas telefónicas ilegales que hoy le generan a Macri tantos dolores de cabeza. James era empleado del Ministerio de Educación de la Ciudad, pero a su sueldo se lo pagaba la Universidad de La Matanza, sitio que jamás pisó. Lo mismo ocurre con universidades como las de Tres de Febrero o San Martín.
La clave del atajo de los convenios es que los controles son definitivamente menores. No existe la transparencia de los procesos licitatorios o de selección de personal, y quedan expuestos, únicamente, a las auditorías de las propias universidades y a las revisiones de cada tanto de la AGN y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Esos controles externos son últimamente, una rareza. La AGN, por ejemplo, no volvió a husmear en la facultad de Ciencias Económicas de la UBA a pesar de lo que había advertido en 2009, y no se metió con la UTN desde 2002. ¿La SIGEN? Menos que menos. Sus informes, que tampoco suelen indagar en la contabilidad de las universidades, desde hace un par de meses y por decisión del jefe de Gabinete Aníbal Fernández se convirtieron en “secretos” sin explicación ni argumento. No sea cosa que el atajo deje de serlo.
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